El debate en torno al hidrógeno verde está dejando de ser una cuestión técnica para pasar a ser una conversación sobre territorio, economía y futuro. La percepción de que esta energía renovable tiene un valor añadido al producirse y consumirse cerca del lugar de origen se extiende entre los especialistas.
A diferencia de la hidráulica o la eólica, que suelen desplazarse grandes distancias desde su punto de generación hasta el consumidor final, el hidrógeno verde se perfila como un recurso que fomenta el arraigo local. Esa proximidad puede convertirse en un factor decisivo para crear empleo, atraer industria y, en definitiva, fijar población en zonas que llevan décadas perdiendo habitantes.
Los expertos subrayan que la incorporación del hidrógeno verde debe hacerse sin prisas. El motivo es que no se trata únicamente de introducir una nueva fuente renovable, sino de redefinir la manera en que funciona todo el engranaje económico.
En las políticas energéticas nacionales y comunitarias, el hidrógeno ocupa un lugar prioritario. El calendario oficial apunta a que en 2030 España tendrá capacidad para generar 12 gigavatios, volumen suficiente para cubrir necesidades industriales, reducir emisiones y, además, exportar parte de esa producción.
Castilla y León aparece en una posición destacada en esta transición. Una planta en Soria ya está operativa con capacidad de 300 toneladas anuales. Y hay otros seis proyectos que se encuentran en fases administrativas muy avanzadas, respaldados con más de 300 millones de euros en ayudas públicas. El futuro cercano también incluye la instalación de una hidrolinera en Burgos para 2028, que pasará a formar parte de la red estatal de repostaje. El plan nacional contempla que en 2030 haya un punto de este tipo cada 150 kilómetros.
Más allá del impacto energético, la inversión asociada al hidrógeno verde es enorme. Las cifras hablan de unos 6.500 millones de euros repartidos en 60 proyectos que, en conjunto, podrían abrir la puerta a unos 3.000 empleos directos.
Este tipo de proyectos generan expectativas en la industria, pero también en la vida cotidiana de las personas. De hecho, Burgos se ha convertido en el escaparate de una experiencia piloto enmarcada en la Semana de la Movilidad, que se celebra del 16 al 22 de septiembre en Madrid. Durante el evento, el público podrá probar bicicletas propulsadas por hidrógeno, lo que busca acercar esta tecnología al día a día de la ciudadanía.
La iniciativa cuenta con la participación de H2CYL, que aglutina a más de 70 entidades y organismos, además de la Universidad de Burgos, CajaViva Caja Rural y la empresa Hiperbaric. La idea es que el hidrógeno verde no se vea únicamente como una promesa lejana, sino más bien como algo tangible y en funcionamiento.
La puesta en marcha de estos proyectos contribuye a que el hidrógeno no se limite a ser una cuestión de grandes cifras o de macroplanes energéticos. Se convierte también en una experiencia cercana, en una herramienta que las personas pueden conocer, tocar y probar.
Las bicicletas movidas por hidrógeno cuentan con autonomía de 60 kilómetros y un depósito que se reemplaza en apenas quince segundos. Con una velocidad máxima de 25 km/h, se presentan como una manera de demostrar la viabilidad de esta energía en usos cotidianos. Quienes promueven estas pruebas aseguran que el valor de la iniciativa está en mostrar a la sociedad que el hidrógeno ya no es un proyecto de laboratorio, sino “una realidad y una apuesta de futuro”. Ese contacto directo ayuda a reducir la distancia entre la investigación y la vida diaria.
Sólo hay 115 vehículos de hidrógeno en España, pero el panorama está empezando a cambiar
La Universidad de Burgos aporta además la perspectiva científica. Investigadores como Andrés Díaz destacan que estas bicicletas se convierten en “una herramienta perfecta” para divulgar que el hidrógeno es seguro, eficiente y aplicable a diferentes ámbitos.
En definitiva, más allá de las cifras de inversión y las metas de producción, lo que está en juego es un cambio cultural. El hidrógeno verde representa un modelo energético más limpio, además de ser una oportunidad para que comunidades autónomas como Castilla y León conviertan esa transición en empleo, innovación y arraigo.
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