La transición hacia energías limpias avanza en España desde hace años, pero algunas zonas del país han afrontado ese camino con más desgaste que impulso. Castilla y León, golpeada por el cierre de minas y térmicas, continúa buscando alternativas que devuelvan actividad a comarcas hundidas tras décadas de dependencia del carbón. En ese escenario, el hidrógeno verde ha dejado de ser una promesa lejana para convertirse en una opción real, aunque con barreras técnicas y vacíos legales que siguen frenando su expansión.
En León, dos relevantes proyectos, Compostilla Green y el Valle Leonés del Hidrógeno Verde, llevan meses siendo el centro de atracción. Ambos cuentan con apoyo público, pero avanzan con lentitud. Entre los frenos detectados, uno destaca de forma inesperada: la calidad del agua necesaria para alimentar los electrolizadores. Ese elemento, hasta ahora tratado como un dato secundario, ha pasado a ser el filtro que puede decidir dónde funcionan las plantas y dónde no. Y ahí es donde entra en juego un trabajo realizado en la Universidad de León.
El equipo investigador de la Universidad de León ha detectado algo que no figuraba en manuales ni en normativas: la falta total de criterios oficiales para clasificar el agua apta para producir hidrógeno mediante electrólisis. Según sus palabras, existía “un vacío regulatorio crítico”, lo que ha llevado a que numerosos proyectos quedaran paralizados por indefinición técnica. La investigación revela que no basta con disponer de agua suficiente; el factor que realmente condiciona la operación es su nivel de conductividad.
Mónica Álvarez Manso, vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas y Grados en Minas y Energía de Madrid y principal impulsora del proyecto explica que “ya no era tan importante la cantidad del agua, sino la calidad”. El grupo diseñó una planta piloto con ósmosis inversa y electrodeionización para analizar muestras de todo el país, medir la tasa de rechazo y registrar consumos energéticos. Ese análisis permitió crear la primera clasificación cuantitativa que distingue aguas óptimas, moderadas o restringidas para procesos de electrólisis en plantas industriales.
Sobre esa base elaboraron un algoritmo alimentado por parámetros físicos y químicos capaz de adelantar el volumen de agua necesaria, el porcentaje de rechazo y los costes operativos. Según Álvarez, “el factor que nadie evaluaba era el volumen de agua de rechazo”, una variable que puede disparar gastos si la conductividad supera ciertos límites. Este modelo permite a promotores e instituciones conocer la viabilidad técnica antes de instalar cualquier infraestructura.
Durante el muestreo, el equipo recorrió 46 puntos de la Península seleccionados por su proximidad a áreas con potencial renovable. La sorpresa llegó al observar que los municipios leoneses presentaban valores de conductividad muy por debajo del promedio nacional. En zonas arcillosas las cifras se disparaban, mientras que en territorios con suelos graníticos, como los identificados en la provincia leonesa, los niveles quedaban dentro de los márgenes óptimos.
El tren del futuro arranca en León con el hidrógeno verde como motor
Álvarez señala que “en nuestro estudio pudimos constatar que la zona de León es muy propicia”. Un sondeo en Bembibre mostró resultados especialmente bajos, lo que abre la puerta a plantas con menores costes de pretratamiento y ciclos más estables. La Robla y Compostilla, históricamente vinculadas a la energía, también encajan en ese escenario, ofreciendo condiciones que permiten plantear instalaciones industriales de gran escala.
Los cálculos del equipo muestran diferencias notables entre operar con agua óptima o restringida. En el caso de La Robla, la conductividad adecuada supondría un consumo equivalente al de un municipio medio, mientras que con agua restringida ese gasto se multiplicaría por más del doble. En Villadangos, el estudio confirma que los 100 megavatios previstos podrían funcionar con costes acotados gracias a una conductividad inferior a los límites fijados en la clasificación.
La tesis de Álvarez parte de un momento complejo, marcado por la pandemia y la inestabilidad energética, lo que la llevó a centrarse en un vector capaz de ofrecer alternativas locales. Parte de su trabajo se desarrolló junto a Global Virtualizza Ingenieros, empresa con la que ha registrado el algoritmo en la Oficina de Patentes. La herramienta pretende servir como guía a promotores, administraciones y confederaciones hidrográficas, responsables de autorizar vertidos y usos del agua.
El análisis no sólo delimita las zonas más aptas. También adelanta el coste de mantenimiento del sistema de membranas y el impacto del volumen de rechazo en cada emplazamiento. Tal como indica la investigadora, “esa agua debe cumplir con parámetros ambientales específicos antes de verterla en cauces naturales”, lo que implica tratamientos adicionales y gastos que muchos proyectos no habían contemplado. Con esta metodología, las decisiones dejan de depender de intuiciones o informes genéricos.
La Estrategia del Hidrógeno en Castilla y León a 2030 pretende consolidar al territorio como referencia europea, aunque los avances dependen de disponer de criterios claros. Este estudio puede encajar como herramienta de planificación, especialmente en comarcas que buscan alternativas tras el cierre de sus industrias tradicionales. La propia autora subraya que el hidrógeno verde es “una oportunidad para darle una vuelta a la producción de energía y que León pueda ser una guía para toda España”.
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