Francia sigue apostando fuerte por el hidrógeno limpio con un programa que combina estabilidad económica y vigilancia estatal. A diferencia de otras iniciativas europeas, el plan francés propone contratos de apoyo que pueden durar hasta quince años y un esquema de primas de hasta cuatro euros por kilogramo de producción certificada. Lo que pretende el Gobierno francés es asegurar una base sólida para una economía del hidrógeno que refuerce tanto la independencia energética como la competitividad industrial del país.
El proyecto, validado por la Comisión de Regulación de la Energía (CRE), arranca con tres convocatorias públicas escalonadas hasta 2027. Cada una incrementará la capacidad instalada mediante electrólisis, con la vista puesta en alcanzar un gigavatio operativo. Las primeras plantas, previstas para este mismo año, cubrirán la demanda de sectores intensivos en energía como el acero o el cemento, mientras que las siguientes fases ampliarán la oferta y el alcance geográfico.
Detrás del movimiento está la voluntad del Estado francés de mantener el control estratégico sobre un mercado en expansión. Las ayudas buscan apoyar económicamente a los desarrolladores, además de fijar normas estrictas sobre origen de materiales, ciberseguridad y eficiencia. En conjunto, la iniciativa configura un marco donde cada euro público se asocia a objetivos verificables y medibles.
Las bases de participación marcan distancias muy claras respecto a modelos más laxos. Los proyectos que aspiren a recibir apoyo deberán garantizar que menos del 25% de sus componentes proceden de China. Este requisito persigue fortalecer la cadena de valor dentro del espacio europeo y reducir la exposición a tensiones geopolíticas.
Además, será obligatorio presentar un plan de ciberseguridad con gestión de datos bajo control europeo, asegurando la protección de las infraestructuras críticas. Las empresas deberán también demostrar que sus plantas son capaces de ajustar su consumo eléctrico según la demanda de la red, evitando sobrecargas en momentos de máxima tensión. Esta flexibilidad operativa es clave para integrar la producción de hidrógeno en un sistema energético cada vez más dependiente de fuentes renovables intermitentes.
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El Ministerio de Energía de Francia exigirá, por otro lado, que al menos el 60% del hidrógeno tenga contratos de venta cerrados antes de iniciar la operación, lo que garantiza estabilidad comercial. Los desarrolladores también deberán acreditar un suministro eléctrico asegurado a largo plazo, con al menos un 30% garantizado durante una década. En definitiva, el apoyo público estará condicionado a un compromiso empresarial tangible y medible.
Aunque la CRE respalda el programa, ha lanzado algunas advertencias sobre el diseño financiero de Francia. El regulador considera que las garantías exigidas a los desarrolladores, actualmente del 8% del importe solicitado, pueden resultar excesivas y disuadir a empresas solventes. Su propuesta pasa por reducir ese umbral sin debilitar la solidez de los proyectos, de modo que el ecosistema empresarial no se vea frenado por cargas desproporcionadas.
También sugiere flexibilizar la potencia y la producción anual de las plantas para que puedan adaptarse a la evolución de los precios y la demanda industrial. De forma paralela, plantea incluir un mecanismo de indexación de costes entre la fase de oferta y el cierre financiero, con el objetivo de proteger a los adjudicatarios ante incrementos imprevistos de materiales o equipamiento.
La CRE además solicita precisar los plazos de entrega y las condiciones para posibles prórrogas, que sólo deberían concederse si los retrasos provienen de la conexión eléctrica. En palabras de su presidenta, Emmanuelle Wargon, el esquema “ofrece una base sólida para el desarrollo del hidrógeno limpio en Francia”, aunque el equilibrio entre rentabilidad privada y sostenibilidad fiscal será esencial para su éxito.
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