España ha decidido mover ficha en el tablero energético europeo, y lo ha hecho con dinero propio. Tres proyectos dedicados a la producción de hidrógeno verde han recibido un respaldo económico de 377 millones de euros tras quedar fuera del reparto presupuestario de la Unión Europea. Lejos de esperar otra convocatoria europea, el país ha puesto en marcha un sistema propio de apoyo basado en subastas como servicio.
La inversión se canaliza a través del IDAE, organismo público adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica. La medida permite sacar adelante iniciativas que ya contaban con el visto bueno europeo pero que se habían quedado sin dotación económica tras agotarse los fondos comunitarios. La respuesta ha sido rápida: el dinero llegará a Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad Valenciana.
Los protagonistas de este movimiento son EP2X, en Saceruela (Ciudad Real); eM-Numancia, en Garray (Soria) y Orange.bat, en Onda (Castellón). Juntos, suman una potencia de 485 MW, con EP2X acaparando el grueso: 325 megavatios y la mayor parte de los fondos (245,6 millones). Le siguen Orange.bat, con 82,5 millones, y eM-Numancia, que obtiene 43,9 millones.
Estas cifras salen directamente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el instrumento económico que España utiliza desde la pandemia para modernizar su economía. En junio, un real decreto activó esta fórmula de subasta como servicio, que permite al Estado financiar proyectos que han sido evaluados positivamente por Bruselas, pero se quedaron sin dotación.
Esta fórmula permite a España ir un paso más allá sin esperar tiempos europeos. El modelo, además de activar capital, también promueve el empleo, la innovación tecnológica y las infraestructuras sostenibles. Todo dentro de un contexto en el que la transición energética es más una necesidad que una opción.
Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Ejecutivo y responsable de la cartera ecológica, presidió recientemente la reunión del grupo asesor sobre hidrógeno renovable. Fue ahí donde se puso sobre la mesa la necesidad de avanzar en este tipo de soluciones sin esperar siempre a Europa.
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El IDAE, bajo su paraguas, ha sido clave en este proceso. Su papel como facilitador técnico y financiero se refuerza con este tipo de convocatorias. La idea es simple: si los proyectos cumplen con los requisitos, tienen aval técnico y no recibieron fondos europeos por falta de presupuesto, España pone la diferencia para no frenar el avance.
No se trata sólo de llegar a la descarbonización, también de tener una industria energética competitiva. Además, estos proyectos ayudan a vertebrar el territorio: las tres plantas se ubican en zonas no precisamente metropolitanas. Esto también responde a un enfoque territorial más equitativo.
La financiación pública es sólo una parte de estos proyectos. Ahora empieza el trabajo de verdad: levantar infraestructuras, asegurar la cadena de suministro y desarrollar la producción de hidrógeno renovable a niveles industriales. Si todo va según lo previsto, estas tres plantas pueden convertirse en modelos que se podrán repetir en otros puntos del país.
Esta apuesta nacional, al margen del dinero europeo, es una declaración de intenciones que pone a España en el mapa como actor serio en este campo. Aunque esta primera ronda ha sido financiada sin ayuda de Bruselas, la estrategia general sigue contemplando una combinación de fondos nacionales y comunitarios. De hecho, se espera que futuras convocatorias europeas sigan abriendo oportunidades para más proyectos en territorio español.
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